El Blog de Administraciones Atocha

La puerta del portal es un elemento común conforme al art. 396 del Código Civil. El portal se define como la parte de un edificio que linda con la vía pública a través del cual se entra y se sale de aquel por todas las personas (SAP Madrid de 16 de abril de 1999).

Ahora bien, además de un elemento común también constituye el acceso al inmueble y, por tanto, constituye un punto clave en el recorrido de evacuación del edificio en caso de incendio. Esta razón hace que la seguridad de los habitantes de la comunidad prime sobre otros derechos o situaciones.

Así, el hecho de que el acceso del edificio se esté realizando de manera indiscriminada y sin control, o exista peligro de robos, daños o molestias en las viviendas privativas, no puede anteponerse a la seguridad del edificio como requisito básico de la edificación. De ahí que la puerta del portal no pueda estar provista de una llave de apertura o cierre tradicional, distinta del sistema de apertura o cierre automático desde el interior del edificio o desde los pisos o locales.

La privación del voto al moroso está configurada en la LPH como una sanción a quien no atiende con sus obligaciones con la comunidad ayudando al pago de los gastos comunes.

Ante esta situación algunos comuneros morosos están recurriendo a la fórmula de buscar representaciones de comuneros que sí lo han hecho para pedirles su representación y poder votar con ella. Pero esto no es posible legalmente.

El pasado 29 de abril, se celebraba el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Un problema que no sólo resulta lesivo para la salud sino que también trastoca las relaciones vecinales.

El último informe del Defensor del Pueblo recoge las quejas que sobre el ruido le han hecho llegar los ciudadanos. Veamos las más interesantes:

Como administradores de fincas en Madrid gestionamos una gran cantidad de alquileres. Muchos vecinos nos preguntan en la administración si se puede cambiar la cerradura al inquilino cuando deja de paga el alquiler.

Cambiar la cerradura de un bien inmueble es algo perfectamente normal, y hasta habitual. El cambio de la propia puerta principal es algo que tarde o temprano muchos llevamos a cabo. Pero tenemos que advertir algo tan sencillo como que cambiar la cerradura puede conllevar la comisión de un delito de coacciones si no se hace como es debido. Así ocurre en los casos de usurpación de propiedad, procesos de separación o divorcio o falta de pago continuada por nuestro arrendatario.

Lo primero que hay que tener en cuenta en el caso de los denominados “okupas” es si la ocupación se ha producido en nuestra vivienda habitual o no.

Existe por parte de todos la creencia extendida e indubitada de que las comunidades de propietarios se encuentran exentas del pago de las tasas judiciales, todo ello especialmente tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

Dicho Real-Decreto supuso un cambio radical respecto a los criterios que venían aplicándose con anterioridad, puesto que estableció que las personas físicas pasaban a estar, en todo caso, exentas del pago de tasas judiciales en cualquier orden e instancia.

Los edificios en los que es precisa la existencia de BIEs (Boca de Incendio Equipada) deben disponer, según la normativa de suministro de agua del Canal de Isabel II, de una acometida de agua independiente a la existente para el agua potable y, por tanto, un contador también independiente.

Como a través de la red general de distribución no se puede asegurar una presión constante debido a los numerosos puntos de suministro,  existe, aunque no de forma generalizada, una segunda red de distribución sólo para la alimentación de los sistemas contraincendios a la que se debe conectar la acometida para dichos sistemas.

El problema surge en zonas en las que no existe dicha segunda red de distribución; entonces se suele conectar esta segunda acometida a la red principal con lo que no se va a poder asegurar la presión necesaria exigida por ley en caso de necesidad. En esos casos se suele disponer de un aljibe con bombas para garantizar las exigencias de funcionamiento de las bies.