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Noticias de Administraciones Atocha. Administración de Fincas Madrid

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Responsabilidad subsidiaria de los copropietarios en comunidades sin fondos

El art. 22 de la Ley de Propiedad Horizontal prevé el mecanismo a través del cual un acreedor de la comunidad puede exigir la responsabilidad de los copropietarios.

Examinamos algunas cuestiones prácticas al respecto.

Con carácter previo, y para documentar la falta de fondos y derechos por la comunidad condenada para cubrir el importe de la deuda, se han de recabar las diligencias negativas de embargo y demás documental que refleje el preceptivo oficio al Punto Neutro Judicial.

Dado que no pueden embargarse elementos comunes del inmueble, ni el inmueble en su totalidad, porque su titularidad no figura inscrita en el Registro de la Propiedad directamente a favor de la comunidad, sino atribuida en cuotas parte a la totalidad de los copropietarios, lo anterior no impide que, en su momento, se haya instado el embargo contra la comunidad para trabar otros posibles fondos o créditos de la misma, así por ejemplo, mensualidades futuras, derechos de crédito que la comunidad pudiere tener frente a terceros o bien frente a los propios copropietarios morosos.

¿Se pueden imponer intereses por retraso en el pago de las cuotas de comunidad?

Intereses por retraso en el pago SP/CONS/72927

El acuerdo por el que se apruebe que, pasado un plazo, se cargue un interés a los que no hayan pagado los recibos de la comunidad es correcto y válido, siendo éste el criterio de la jurisprudencia.

Por lo tanto, cuando se hace la liquidación de la deuda del moroso, hay que señalar las cuotas dejadas de pagar y aparte el interés que ello lleva consigo, como una parte de dicha deuda.

Todo ello, la cantidad total, será el objeto de la reclamación vía monitorio. En nuestra opinión, el interés cargado es fruto de un acuerdo de junta válido, no impugnado y, por ello, ejecutivo, por lo que tiene la misma obligación que el principal, de ahí que si se paga éste, sólo los intereses quedarán pendientes de reclamar. En consecuencia al considerarse cantidades debidas y ya consolidadas por el acuerdo de junta, deben tenerse en cuenta en la afección real y, también, en caso de impago podrá privarse al propietario del derecho de voto del art. 15.2 LPH. No obstante, sobre estos últimos aspectos no conocemos jurisprudencia.

La Imagen Profesional sale de la voluntad de nuestro Consejo General de dotar a los Administradores de Fincas Colegiados de una marca fuerte que nos diferencie y manifieste los valores comunes de nuestra profesión.

Las normas de régimen interior en comunidades de propietarios

Recoge el artículo 6 LPH (Ley de Propiedad Horizontal) que, dentro de los límites establecidos por la Ley y los estatutos, los propietarios podrán fijar normas de régimen interior destinadas a regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servicios y cosas comunes, normas que obligarán a todo titular mientras no sean modificadas en la forma prevista para tomar acuerdos sobre la administración.

Claves para la resolución de conflictos en las comunidades

La resolución de conflictos es un proceso cognitivo y afectivo, basado en los comportamientos por los que se identifican los medios más efectivos y eficaces para obtener una respuesta a un problema. Un conflicto se basa en una discrepancia entre “lo que es” y “lo que debería ser” para cada una de las partes.

Los administradores de fincas son agentes pacificadores fundamentales, su labor se desarrolla en el núcleo principal de la sociedad al administrar, no sólo comunidades de profesionales o centros comerciales, entre otros, sino las viviendas donde cada uno de los ciudadanos desarrollan su vida privada.

La independencia y valores del administrador de Fincas

La independencia es una exigencia del estado de derecho y un derecho de los ciudadanos, que en régimen de propiedad horizontal son copropietarios.

El Administrador de Fincas, para poder asesorar y defender los intereses de la Comunidad, tiene el derecho de preservar su independencia frente a toda clase de injerencia, que puede proceder de los poderes públicos, de terceros interesados en la contratación de servicios o suministros, o de los mismos copropietarios, que pueden tratar de someter los intereses de la comunidad en beneficio de su interés, siendo éstos opuestos.

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