El Blog de Administraciones Atocha

Las plazas de garaje tienen unas dimensiones mínimas establecidas en los planes de urbanismo o normativas municipales, que en el caso de Madrid se plasma en el art.7.5.10. Plaza de aparcamiento (N-2) del PGOU.

Si el propietario, usuario o inquilino, dentro de esas dimensiones, utiliza la plaza para estacionar varios vehículos sin invadir zonas comunes o suponiendo un riesgo para la seguridad, la comunidad de propietarios no podrá limitar el uso de la misma.

Sin embargo, el uso de las plazas de garaje por más de un vehículo sí puede suponer un agravamiento del riesgo para la compañía de seguros y la correspondiente aplicación de la regla proporcional o incluso la exclusión del siniestro, si en el cuestionario-solicitud de seguro se omite tal uso múltiple.

Todas las pólizas de seguros, sin excepción alguna, en sus condiciones generales, establecen la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa y legislación vigente en referencia a Incendios, Responsabilidad Civil y Daños.

Por tanto, su incumplimiento permite a las aseguradoras no atender los daños por dichos siniestros, siempre y cuando pueda demostrar dicha vulneración.

La ley Propiedad Horizontal en su art.7.1 nos dice que el propietario de un piso o local podrá modificar sus elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios sin menoscabar, entre otros, la estructura general del edificio, así como su configuración o estado exterior.

Pero la necesidad de dotar a la vivienda de una mayor comodidad en muchas ocasiones implica la ejecución de una serie de obras que afectan directamente a elementos, servicios o instalaciones comunes del edificio.

Como por ejemplo la instalación de aparatos de aire acondicionado en la fachada o cubierta.

La puerta del portal es un elemento común conforme al art. 396 del Código Civil. El portal se define como la parte de un edificio que linda con la vía pública a través del cual se entra y se sale de aquel por todas las personas (SAP Madrid de 16 de abril de 1999).

Ahora bien, además de un elemento común también constituye el acceso al inmueble y, por tanto, constituye un punto clave en el recorrido de evacuación del edificio en caso de incendio. Esta razón hace que la seguridad de los habitantes de la comunidad prime sobre otros derechos o situaciones.

Así, el hecho de que el acceso del edificio se esté realizando de manera indiscriminada y sin control, o exista peligro de robos, daños o molestias en las viviendas privativas, no puede anteponerse a la seguridad del edificio como requisito básico de la edificación. De ahí que la puerta del portal no pueda estar provista de una llave de apertura o cierre tradicional, distinta del sistema de apertura o cierre automático desde el interior del edificio o desde los pisos o locales.

La privación del voto al moroso está configurada en la LPH como una sanción a quien no atiende con sus obligaciones con la comunidad ayudando al pago de los gastos comunes.

Ante esta situación algunos comuneros morosos están recurriendo a la fórmula de buscar representaciones de comuneros que sí lo han hecho para pedirles su representación y poder votar con ella. Pero esto no es posible legalmente.

El pasado 29 de abril, se celebraba el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Un problema que no sólo resulta lesivo para la salud sino que también trastoca las relaciones vecinales.

El último informe del Defensor del Pueblo recoge las quejas que sobre el ruido le han hecho llegar los ciudadanos. Veamos las más interesantes:

Como administradores de fincas en Madrid gestionamos una gran cantidad de alquileres. Muchos vecinos nos preguntan en la administración si se puede cambiar la cerradura al inquilino cuando deja de paga el alquiler.

Cambiar la cerradura de un bien inmueble es algo perfectamente normal, y hasta habitual. El cambio de la propia puerta principal es algo que tarde o temprano muchos llevamos a cabo. Pero tenemos que advertir algo tan sencillo como que cambiar la cerradura puede conllevar la comisión de un delito de coacciones si no se hace como es debido. Así ocurre en los casos de usurpación de propiedad, procesos de separación o divorcio o falta de pago continuada por nuestro arrendatario.

Lo primero que hay que tener en cuenta en el caso de los denominados “okupas” es si la ocupación se ha producido en nuestra vivienda habitual o no.